DECIR QUE EL AGUA ESCASEA o está en peligro de acabarse en un país rico en recursos hídricos, con precipitaciones anuales de más de 3.000 milímetros -el promedio mundial es de 900- y cinco grandes vertientes hidrográficas, suena inverosímil. Sin embargo, un informe de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente sostiene que, pese a estas condiciones, Colombia enfrenta graves problemas para garantizar la sostenibilidad del agua y que en 2015 el 66% de los colombianos podría estar en riesgo de desabastecimiento en tiempos secos. El informe, que recoge un año de investigaciones y la experiencia de las autoridades ambientales, sostiene que la riqueza hídrica del país está sobredimensionada, que no está distribuida de manera homogénea y que, contrario a lo que se pensaba, en los últimos años ha disminuido en forma dramática. Si hace una década Colombia ocupaba los primeros lugares en cuanto a disponibilidad de agua per cápita, hoy figura en el puesto 24 entre 182 naciones. "La situación es grave y nos traerá dolorosos inconvenientes en el futuro cercano, pero muchos la han desestimado -asegura el ambientalista Carlos Molina-. El agua, una de nuestras supuestas riquezas, empieza a escasear y no hay cómo recuperarla". El problema es doblemente grave, pues no solo hay una disminución de las fuentes hídricas superficiales como consecuencia de la deforestación, el deterioro del suelo, la mala disposición de residuos y la falta de planificación, sino que la reserva de aguas subterráneas está en igual o peor situación. Según el informe, es preocupante el uso generalizado de esa reserva que ocupa más de 414.000 kilómetros cuadrados: el sector agrícola consume el 80 por ciento, el 7 por ciento va para uso doméstico y el 6 por ciento a la industria (ver gráfico). Según el estudio, el 20 por ciento de los acueductos municipales depende de las aguas subterráneas y, además, existe una sobreexplotación de esa reserva, fenómeno que en unos años va a traducirse en graves problemas de oferta hídrica. "Eso está llevando a que se agoten las aguas subterráneas, a que la explotación deje de ser sostenible -sostiene José Manga, contralor delegado para el Medio Ambiente-. Por el beneficio de unos pocos, todos vamos a pagar los platos rotos de un bien que es costoso recuperar". Los casos más notorios se dan en la Sabana de Bogotá, Boyacá, La Guajira y Córdoba, donde los distintos usuarios utilizan aguas subterráneas de forma incontrolada, lo cual genera cambios irreversibles en el ciclo hidrológico y en la estructura del subsuelo. El informe también indica que hay acuíferos contaminados por materias fecales, agroquímicos, hidrocarburos y lixiviados derivados de rellenos sanitarios o vertimientos industriales, entre otros. Los casos más preocupantes se presentan en la zona del basurero de Navarro en Cali; en Codazzi, Cesar, y en los acuíferos de Santa Marta y San Andrés. "Las acciones adelantadas para la protección de los acuíferos han resultado insuficientes y hay evidencia de que la situación cada día empeora más -afirma Manga-. Si no se le pone remedio urgente, en muy pocos años estaremos en una emergencia". Fuera de control Frente a un panorama tan crítico como el que describe el informe de la Contraloría, preocupa sobremanera que no haya planes ni inventarios que permitan planificar y proteger el uso del agua subterránea. De las 33 Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de evitar, prevenir y controlar los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente, y de ejecutar programas en campos como el manejo de aguas, solo siete cuentan con estudios que permiten establecer las condiciones de las aguas subterráneas. En 'plata blanca' esto quiere decir que sobre la mayor parte del territorio no hay información sobre qué puede explotarse y en qué condiciones. "No puede protegerse lo que no se conoce -señala Molina-. Y como no hay información suficiente sobre la reserva subterránea, su uso no controlado puede ocasionar impactos irreversibles como la desecación de manantiales". Con excepción del uso doméstico, para aprovechar las aguas subterráneas se requiere de una concesión que otorga la autoridad ambiental, pero según el informe solo dos de cada 10 pozos están bajo esa figura. Más grave aun es que sobre el 90 por ciento de ellos no hay monitoreo permanente de las autoridades, que muchos no cumplen los requisitos legales, pagan muy poco por el uso del agua o, simplemente, no les cobran. Un ejemplo claro es de la meseta de Bucaramanga. La CAR de Santander no cobra a las concesiones de caudales menores de 10 litros por segundo, que son todos. Otro es el de San Andrés, donde la explotación de aguas subterráneas usadas por el sector hotelero sobrepasa los 67.000 metros cúbicos al mes y por ello solo pagan 370.000 pesos, cuando el mantenimiento de una sola cuenca supera los 30,5 millones de pesos. "Es un exabrupto -señala el ambientalista Jairo Hernández-. No hay derecho a que unos pocos saquen provecho de unos caudales que son de todos los colombianos y que fuera de eso paguen valores ínfimos que impiden su recuperación". Para rematar, el informe señala que hay avivatos que se aprovechan de lo genérico del término "usos domésticos" y por eso hay hoteles, condominios, fábricas de alimentos y hasta lavaderos de carros que explotan aguas subterráneas como si fueran de uso doméstico, cuando por su razón social deberían tener licencia y pagar por ello. El agua puede agotarse y preocupa que las autoridades ambientales no hayan tomado medidas drásticas para proteger y controlar las reservas, que empiezan a mostrar saldo negativo. Más lamentable aun es la falta de una política para el manejo integral del agua que garantice su sostenibilidad. Que no se sorprendan los colombianos, tan indiferentes al cuidado y protección de los recursos naturales, que en pocos años deban pagar por un litro de agua dos veces más de lo que pagan por uno de gasolina.
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- cambio.com.co
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